Sectores Industriales en España en España

Aquí se ofrecen, respecto al derecho español, referencias cruzadas, comentarios y análisis sobre Sectores Industriales. [aioseo_breadcrumbs]

Nota: Véase también la informacion relativa a la evolución de la industrialización en España. Véase también la información acerca del «desarrollismo».

El sector industrial de la energía tiene en España, como en el resto de los países desarrollados, una importancia fundamental, y su insuficiencia ha sido una de las causas del retraso en la industrialización. Basada en la explotación de yacimientos carboníferos, la importación de hidrocarburos, los recursos hidroeléctricos y minerales del subsuelo, además de las fuentes alternativas (solar, eòlica, maremotriz y geotérmica), los índices de demanda (estructurada en la unidad de tonelada equivalente petróleo, tep) se han convertido en un indicador básico del crecimiento de la economía. Por su importancia, es uno de los sectores más planificados por el ministerio correspondiente y los organismos derivados, como el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) -anterior Junta de Energía Nuclear (JEN, 1949)–, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) -anterior Instituto de Energías Alternativas-, la Red Eléctrica Española (Redesa, 1985) y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa, 1984), entre otros. Desde el s. XVIII, la explotación de los yacimientos de carbón fue una actividad primordial en los países que iniciaban la etapa de industrialización, pero la baja calidad del extraído en las cuencas españolas y su alto coste de producción han supuesto siempre una clara desventaja para la consolidación de este sector. Los yacimientos en explotación más antiguos son los de la región asturiana, en los que ya se trabajaba en el s. XV; en el NO. se encuentran también los de León y Palencia, y revisten importancia los de las provincias de Ciudad Real, Córdoba, Badajoz y Sevilla y los de los valles pirenaicos. Sin embargo, la preponderancia del carbón importado se mantuvo durante gran parte del s. XIX, sobre todo desde el abaratamiento del británico como consecuencia de la mejora de las explotaciones, por lo que se adoptaron medidas proteccionistas destinadas a impulsar el sector, que fueron reforzadas durante la I Guerra Mundial con la creación del Consorcio Nacional Carbonero (1917). Debido al aumento de producción derivado de esta política, en 1926 se constituyó el Consejo Nacional del Combustible, encargado de coordinar su explotación y comercialización, que mantuvo el índice creciente de consumo. Las restricciones impuestas después de la Guerra Civil obligaron a fomentar las explotaciones mediante la Comisión para la Distribución del Carbón (1941), que se mantuvo activa hasta 1963. Pero la introducción de nuevas tecnologías y el abastecimiento de petróleo provocó el cierre de yacimientos y el abandono de algunas cuencas, situación que únicamente pudo ser paliada por el Estado con la creación en 1967 de Hulleras del Norte, S.A. (Hunosa), integrada en el INI, instituto que en 1981 formaría la Sociedad Española de Carbón Exterior (Carboex), destinada a regular las importaciones. En cuanto al sector de los hidrocarburos, presenta los mismos problemas que el del carbón pero agravados por la falta de yacimientos en suelo español. El mercado de los derivados del petróleo se mantuvo sin intervención estatal hasta la creación en 1927 de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. (Campsa), encargada de controlar fiscalmente el sector de hidrocarburos y su distribución y de impulsar en España la industria del refino para que las importaciones se limitaran al crudo, objetivos de los que sólo el primero fue cumplido plenamente, a pesar de que el segundo fue legislado mediante la Ley de Hidrocarburos de 1958, revisada en 1974. El área productiva, mantenida desde 1929 por la Compañía Española de Petróleos, S.A. (Cepsa), fue protegida desde el sector público con la constitución de la Empresa Nacional de Petróleos (Enpetrol), en 1973, llamada Repsol Petróleo desde 1987. Sin embargo, la crisis energética de 1973 hizo necesaria una mayor coordinación de las necesidades de hidrocarburos, razón por la que en 1981 fue creado el INH, integrado por la Compañía Ibérica Refinadora de Petróleos, S.A. (Petroliber) e Hispánica de Petróleos (Hispanoil), así como por la participación del Estado y del Banco de España en Campsa y en otras empresas del sector pertenecientes al INI, cuyas actividades quedarían reguladas por el Programa de Acción, Inversiones y Financiación (PAIF) a través del grupo Repsol (1986).

La industria del gas apareció en España a mediados del s. XIX destinada al uso doméstico y de alumbrado público hasta su substitución por la electricidad. La primera planta española de producción de gas a partir de fuel-oil se instaló en 1956, más de veinte años después de que comenzaran a utilizarse el gas natural licuados (GNL), distribuido desde 1957 por Butano, S.A., actual Repsol Butano, perteneciente al INH. La utilización de gas natural es más reciente, ya que su importación comenzó a principios de la década de 1970, años después de su introducción en Europa, aunque desde 1966 la compañía Gas Natural lo adquiría en estado líquido a Libia. El acuerdo más importante para la importación de gas natural fue el firmado con Argelia en 1975, reformado en 1985, que supuso el aumento de consumo en España del 5% del total energético. Después de los descubrimientos de yacimientos en Huesca, Vizcaya y Cádiz y del inicio de la importación de gas natural, fue creada la Empresa Nacional de Gas (Enagas) en 1972, adscrita al INI y que en 1981 fue cedida al INH, encargada de la reordenación del sector y del desarrollo de la Red Nacional de Gasoductos (RNG). Además del carbón, el gas y los hidrocarburos, el sector energético español está basado también en la industria eléctrica, procedente de centrales hidroeléctricas y térmicas, cuyo origen se sitúa en 1873 en Barcelona. Desde esa fecha, y hasta la década de 1940, fueron creadas las principales empresas de este sector: Compañía Sevillana de Electricidad (1884), Hidroeléctrica Ibérica (1901), Hidroeléctrica Española (1907), Barcelona Traction Light and Power (La Canadiense, 1911) -futura Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A. (Fecsa)-, Unión Eléctrica Madrileña (UEM, 1912) -futura Unión Fenosa- y Sociedad General de Transportes Eléctricos Saltos del Duero (1918), que hasta el final de la Guerra Civil compitieron con la Compañía Hispano-Americana de Electricidad (CHADE), época en la que fue creada la Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (Endesa, 1942); después, la mayoría de las empresas eléctricas españolas se asociarían en Unidad Eléctrica, S.A. (Unesa). El consumo relativamente reducido y el amplio margen de la iniciativa privada dio paso, durante la autarquía, al incremento de la demanda y a una mayor intervención estatal en el sistema de tarifas y en el plan de construcciones, explotación y distribución, proceso que culminó en 1955 con la firma del acuerdo Hispanelec entre España Francia, por el que ambos países se aseguraban el suministro recíproco de energía eléctrica. Como en otros sectores, las últimas décadas del s. XX han sido las de la concentración de la producción y las fusiones, como la de Hidroeléctrica Española e Iberduero, que en 1991 formaron Iberdrola, según los objetivos del Plan Eléctrico Nacional (PEN) y en función de la participación del Estado en la red de alta tensión a través de Redesa. En cuanto al sector nuclear, la creación de la JEN en 1949 permitió el descubrimiento de yacimientos de uranio en las provincias de Córdoba, Salamanca y Jaén, y para su importación y tratamiento se fundó en 1972 la Empresa Nacional del Uranio, S.A. (Enusa), adscrita al INI, instituto que en 1984 constituyó Enresa para la gestión de los residuos radiactivos, basada en un plan específico establecido en 1987.

Las industrias extractivas poseen una gran importancia histórica, si bien su verdadero impulso se produjo con la legislación del s. XIX, sobre todo la de 1839, 1859 y 1869 (arancel Figuerola), que logró el incremento de la producción y de las exportaciones. En la centuria siguiente fueron básicas las normativas dictadas el 19-VII-1944 y el 21-VII-1973, así como el Programa Nacional de Investigación Minera (PNIM) de 1969, realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME, 1910), actual Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE, 1988; v.). Como consecuencia de la ley de 1973 se elaboró el Plan Nacional de Abastecimiento de Materias Primas Minerales (PNAM), revisado en 1978 tras la ordenación del sector con la Ley de Fomento de la Minería de 29-XII-1976. Las principales reservas de hierro, base de la industria siderúrgica, se encuentran en Asturias, Vizcaya, Cantabria y León, así como en Huelva, Sevilla, Murcia y Teruel, cuya producción está a cargo de las empresas Compañía Andaluza de Minas, Compañía Minera de Sierra Menerà, Agrupación Minera, Minas del Mediterráneo y Metalquímica del Nervión. Tan histórica como la actividad extractiva del hierro es la del plomo, sector muy fragmentado en cuanto a su estructura empresarial debido a la mayor facilidad que presenta la explotación de sus yacimientos. Éstos se encuentran en el área jiennense de Linares-La Carolina, en Reocín (Cantabria) y en Cartagena (Murcia), en los que están establecidas las empresas Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya (Murcia), La Cruz (Jaén) y Asturiana del Cinc (Guipúzcoa), además de otras auxiliares de fusión y recuperación. Las regiones españolas ricas en plomo lo son también en cinc, ya que en ellas se consigue el 95% de este mineral, cuya extracción comenzó en 1833 con la fundación de la Real Compañía Asturiana de Minas (RCAM), constituida con capital belga. El proceso industrial del aluminio se inició en España en 1929 con la creación de la compañía Aluminio Español, de la que en 1957 surgió Aluminio de Galicia; ambas se fusionaron en 1969 con la denominación Alugasa, que en 1985 sería absorbida por la Empresa Nacional del Aluminio, S.A. (En-dasa), del grupo INI, que ese mismo año se transformó en Industria Española del Aluminio, S.A. (Inespal), sociedad que ha podido rentabilizar el buen momento internacional del mercado después de 1973. Entre la actividad minera española destacan también por su antigüedad los yacimientos de cinabrio de Almadén (Ciudad Real; v.) -los más ricos del mundo-, en los que ya se trabajaba desde la época romana y que a principios de la Edad Moderna explotó la familia alemana de los Fugger. Después, durante el s. XIX y primeros años del XX fueron los Rotschild los que tuvieron a su cargo esta cuenca, hasta que en 1922 pasó a depender del Ministerio de Hacienda; en 1981 el Consejo de Administración de estas minas se transformó en la Empresa Nacional de las Minas de Almadén y Arrayanes, incluida en la DGPE, que gestiona el 25% de la producción mundial. En cuanto a otro tipo de actividades extractivas en España, englobadas en una estructura industrial más dividida, destacan las de oro, en Asturias, Galicia, Toledo y Guadalajara; plata, en Cáceres, Sevilla, Ciudad Real y Guadalajara; sal común, en Levante y Cádiz; sales potásicas, en el valle del Ebro y Navarra; fosfatos, en Cáceres y, hasta 1975, en el Sahara; piritas de hierro, de las que España es uno de los principales productores gracias a las reservas existentes en el valle del Guadalquivir; espatoflúor, en Asturias, Córdoba y Granada; magnesita, en Lugo y Navarra, y granito, del que en España se encuentra el 90% de la reserva europea.

Los primeros pasos de la industria siderúrgica tuvieron lugar en Andalucía y Galicia, en los últimos años del s. XVIII, pero en las décadas siguientes las principales factorías se instalaron en el País Vasco y en Asturias, donde además se encontraban los puertos receptores del material importado. La primera de aquéllas fue la Sociedad Santa Ana de Bolueta, en Bilbao (1841), a la que siguió en 1882 Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero, posterior AHV. Para entonces, España ya llevaba un importante retraso tecnológico en relación al resto de Europa, obstáculo que se mantendrá durante el s. XX, y en 1891 la industria siderúrgica fue protegida con medidas arancelarias que originaron la creación de nuevas empresas antes de finales de siglo. A la normativa proteccionista de 1891 siguieron las de 1896, 1906 y 1907, año en que se creó la Central Siderúrgica de Ventas, encargada de la producción y comercialización, cuyo resultado fue el escaso crecimiento del sector en el primer cuarto del s. XX. El auge siderúrgico mundial supuso también su desarrollo en España hasta 1930, en que la depresión de 1929 causó su declive hasta después de la Guerra Civil. A continuación, el inicio de una nueva etapa de industrialización propulsada por la política autárquica hizo aumentar la demanda de hierro y acero, por lo que se creó en 1940 la Delegación Oficial del Estado en la Industria Siderúrgica (DOEIS) para fijar los precios y la distribución, competencias que en 1959 pasaron a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria. A pesar de ello, la falta de abastecimiento de las empresas españolas provocó una mayor intervención del Estado con la constitución de Ensidesa (1950), incluida en el INI, cuya factoría se construyó en Aviles (Asturias). La libertad de importación de productos siderúrgicos, decretada en 1962, hizo aumentar las importaciones y redujo el mercado nacional, lo que causó una crisis de ventas que se prolongó durante toda la década y que ocultó el atraso tecnológico y estructural de la siderurgia española. La situación se intentó invertir con la aprobación del I Plan de Desarrollo, en 1964, del que surgió el I Programa Siderúrgico Nacional (IPSN), revisado en 1966, 1969 y 1971. La demanda de acero se redujo internacionalmente después de 1973, aunque las medidas de apoyo no fueron estipuladas hasta el 23-XII-1978 y el plan de reestructuración hasta el 8-V-1981, que conllevó planes de reconversión de la factoría de Sagunto (Valencia) –propiedad de AHV desde 1940–, aprobados el 6-VII-1983. Otras factorías siderúrgicas, además de la de Ensidesa en Asturias, son las de AHV y S.A. Echeverría en Vizcaya, las de Aristrain y Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) en Guipúzcoa, la de Laminaciones de Lesaka en Navarra y de Nueva Montaña Quijano (NMQ) en Cantabria. Como el resto de los sectores industriales, el siderúrgico se encuentra desde 1986 condicionado por los acuerdos de la CE derivados de los objetivos de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).

Las industrias mecánicas y de transformación son aquellas que utilizan los metales para la fabricación de bienes de equipo, como la naval, la ferroviaria y la automovilística, entre otras. Excepto en el caso de las dos primeras, es un sector que se ha desarrollado en el s. XX, en el que a la fabricación de medios de transporte se han sumado la de electrodomésticos y la de aparatos informáticos. En el caso de la construcción naval, los antecedentes se remontan a la Edad Media, aunque a partir de 1887 conoció su auténtica evolución industrial con la Ley de Construcción de la Escuadra, la Ley de Comunicaciones Marítimas, aprobada en 1909, y con las distintas medidas de protección y ayuda, como la Ley de Crédito Naval (2-VI-1939), la Ley de Protección a la Construcción Naval (5-V-1951) y la Ley de Modernización de la Marina Mercante (12-V-1956). Con este amparo legislativo, la producción creció hasta 1973, en que se colocó en la cuarta posición de la clasificación mundial, después de Japón, Suécia y Alemania. A partir de esa fecha los astilleros españoles entraron en declive y, tras la adopción de diversas medidas en los años siguientes, el sector tuvo que ser incluido en los planes de reconversión industrial de 1982 y 1984, que supusieron el cierre de los Astilleros y Talleres del Noroeste, S.A. (Astano) y la creación de la Sociedad de Reconversión Naval de Pequeños y Medianos Astilleros (Sorena, 1983).

Los principales astilleros de la cornisa cantábrica son los situados en Vizcaya, donde en 1969 se fusionaron la Sociedad Española de Construcción Naval y la Compañía Euskalduna para crear Astilleros Españoles, S.A. (AESA), vinculada al INI. En Ferrol (La Coruña) se encuentra la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Militares, S.A., también del INI, y, hasta su cierre en 1985, Astano construía petroleros para la empresa Petróleos del Norte (Petronor); en Vigo (Pontevedra), estaban también los astilleros Ascón, cerrados en la misma fecha que Astano. En Cádiz mantuvo su actividad la empresa Construcción Naval y Astilleros, integrada también en AESA desde 1969, sociedad de la que pasó a formar parte, en 1972, la Empresa Nacional Elcano, establecida en Sevilla. Además, hay astilleros en Valencia, pertenecientes a la Unión Naval Levante, y Tarragona y Barcelona, dedicados a la reparación y construcción de pequeños barcos. A la historia del desarrollo industrial del s. XX pertenece también el subsector aeronáutico, iniciado desde principios de la centuria por la empresa Hispano Suiza y continuado después de la Guerra Civil por Construcciones Aeronáuticas, S.A. (CASA) e Hispano Aviación. La industria fue reformada en 1971 con la fusión de CASA, Hispano Aviación y Empresa Nacional de Motores de Aviación, S.A. (Enmasa) en una única empresa que adoptó el nombre de la primera, CASA, controlada ma-yoritariamente por el INI y que participa de los contratos de la Agencia Espacial Europea (AEE, 1962). Las empresas de material ferroviario tienen su precedente en la constitución de la MTM (1855), que estableció sus centros más importantes en el País Vasco y Cataluña. Posteriormente se fundaron CAF, la Asea Brown Boveri (ABB) -de capital sueco y suizo-, la sociedad estatal Aplicaciones Técnicas, S.A. (Ateinsa) y Material y Construcciones, S.A. (Macosa), de la que después surgiría la Mediterránea de Industrias Ferroviarias, S.A. (Meinfesa). Todas ellas son proveedoras de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe, 1941), de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE, 1965), de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC, 1979), de Ferrocarriles Vascos/Eusko Trenbideak (FV/ET, 1982) y de Ferrocarrils de la Generalität Valenciana (FGV, 1986), además de las compañías metropolitanas de Madrid y Barcelona y del tren de Alta Velocidad Española (AVE), inaugurado en 1992. Por su parte, la industria del automóvil tuvo su época de desarrollo después de la II Guerra Mundial, y en España a partir de 1950, aunque la Hispano Suiza trabajaba ya en este sector desde principios de siglo y otras pequeñas empresas fabricaban motores y carrocerías en las décadas de 1910 y 1920. En 1950 quedó constituida la Seat, con participación mayoritaria del INI y minoritaria de Fabbrica Italiana Automobili Torino (Fiat), que en 1967 adquirió el 36% del capital social. La producción aumentò en la década de 1960 con modelos populares a precios reducidos, cuyas ventas lograron situarse por encima de las de Fábrica de Automóviles, S.A. (FASA), asentada en Valladolid (1955) y Palencia (1977) y relacionada financiera y técnicamente con la francesa Régie Nationale des Usines (Renault); Citroen Hispania, filial de la firma francesa, establecida en Vigo en 1957, y Chrysler España, asociada desde 1963 con Barreiros Diesel. La crisis energética de la década de 1970 tuvo grandes consecuencias en el sector del automóvil, que conoció mayor participación estatal en la Seat a través del INI, y mayor presencia de multinacionales con la apertura de las factorías de Ford Motor Company en Almussafes (Valencia) y de General Motors (GM) en Figueruelas (Zaragoza), aprobadas por el Gobierno en 1972 y 1979, respectivamente. Por su parte, Fiat abandonó su participación en Seat, que pasó a estar controlada por la alemana Volkswagen a partir de 1986, lo que no evitó que entrara en un periodo de intensa crisis en los primeros años de la década de 1990.

Al mismo tiempo que se desarrolló el sector automovilístico tomó auge el de maquinaria agrícola, sobre todo desde el apoyo estatal (1952) a la fabricación de tractores, concedida después a las empresas Lanz Ibérica y Motor Ibérica, así como a la de motocicletas, controlada por firmas alemanas y japonesas en sociedad con las españolas Derbi, Montesa y Sanglas. También desde el final de la Guerra Civil cobró importancia la fabricación de vehículos industriales, fundamentalmente desde la creación, en 1946, de la Empresa Nacional de Autocamiones, S.A. (Enasa), cuyo 60% del capital fue adquirido por Fiat en 1990 a través de la multinacional Iveco. Así mismo, la Sociedad Anónima de Vehículos Industriales (SAVA), creada en Valladolid en 1957 para la fabricación de camiones ligeros, pasó a pertenecer a Iveco tras haber sido absorbida por Enasa en 1969. También Motor Ibérica, que había comenzado la fabricación de tractores, tuvo que traspasar el 40% de su sociedad a la japonesa Nissan. En el apartado de vehículos comerciales destaca la Compañía Hispano-Alemana de Productos Mercedes Benz y Volkswagen (Mevosa), creada en 1971 por la Compañía Hispano-Alemana de Productos Mercedes Benz (Cispal-sa), Industrias del Motor, S.A. (Imosa, 1950) y Empresa Nacional de Motores de Aviación, S.A. (Enmasa); Mevosa perteneció al INI hasta 1981, en que Daimler Benz adquirió la mayoría de su capital. El subsector de material militar está protagonizado por la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A., perteneciente al INI, y por empresas privadas como Star, Placencia, Marquina, Istalanza, Expalsa, Marconi y Enosa. La industria informática es todavía muy reciente en España, y en ella tienen preponderancia las firmas estadounidenses, aunque ya desde la década de 1970 el INI fomentó la sociedad ERIA; en 1981 tomó la mayoría de Ingeniería de Sistemas Electrónicos e Informáticos (ISEL) y en 1985 creó la Empresa Nacional de Electrónica y Sistemas, S.A. (INISEL). El INI también participa en la comisión mixta del PEIN (1982), que en 1985 puso en funcionamiento el Plan de Automatización Industrial Avanzada (PAUTA) y en 1988 el PEIN II, éste ya plenamente relacionado con el proyecto Eureka (1985), con el avance tecnológico europeo y con la calidad e internacionalización del mercado.

El sector industrial de la construcción es uno de los más importantes a efectos de la Contabilidad Nacional, debido a las numerosas empresas de subsectores distintos relacionadas con ella y al volumen de empleo que genera. Entre las primeras se encuentran las de materiales como el cemento (v.), cuya fabricación se inició en España a finales del s. XIX; las de producción de rocas industriales; las de vidrio y las de cerámica sanitaria, en las que hay una notable presencia de capital español. En cuanto a las empresas constructoras, una gran mayoría están englobadas en el grupo de las pymes y trabajan para otras compañías de mayor tamaño, y otra parte está especializada en determinados aspectos de la construcción. Todas ellas están integradas en el Grupo de Empresas de Obras Públicas de ámbito Nacional (SEOPAN). El desarrollo del sector de la construcción ha estado siempre ligado a la política de vivienda, ya sea ésta de iniciativa oficial o privada; al precio y a la legislación del suelo y a las actuaciones urbanísticas, cuyas oscilaciones se reflejan de manera inmediata en las empresas de este sector. Desde principios de siglo, el Instituto de Reformas Sociales, creado en 1903, intentó poner en el mercado mayor superficie de suelo edificable a bajo precio, que quedó legislado mediante la ley de 12-VI-1911. Sin embargo, la congelación de los precios de los alquileres decretada el 21-VII-1920 y el 29-XII-1931 detuvo el crecimiento del sector de la construcción, aunque una ley de 25-VI-1935 concedió exenciones fiscales a las empresas constructoras. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1946 produjo el mismo efecto que la legislación anterior a la Guerra Civil, agravado por los efectos de la contienda en el número de viviendas disponibles. Para paliar esta situación, el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), creado el 19-IV-1939, inició un plan de construcciones en el que se contemplaban diferentes ayudas y exenciones fiscales para las “viviendas protegidas” y las “viviendas bonificables” (ley de 25-XI-1944) a través del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional. El 15-VII-1954 se promulgó la ley sobre construcción de viviendas de renta limitada, cuyos restringidos efectos originaron en 1955 el Plan Nacional de la Vivienda (1956-1960) y la creación en 1957 del Ministerio de la Vivienda. Cuatro años después quedó aprobado el II Plan Nacional de la Vivienda (1961-1976), que estimaba necesaria la construcción de cuatro millones de viviendas en el plazo de quince años. La revisión de este déficit por los sucesivos ministros de Planificación del Desarrollo y la inclusión de las competencias del Ministerio de la Vivienda en el nuevo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), ya en 1977, modificaron la política de la década anterior, aunque en los primeros años de la de 1970 se habían alcanzado las cotas más altas en el sector de la construcción. Posteriormente (1980), el INV fue substituido por el IPPV, y el Instituto Nacional de Urbanismo (INUR) por la SEPES, encargada de agilizar el mercado del suelo entre los promotores de la construcción. A partir de entonces, el Plan Trienal (1981-1983) y el Plan Cuatrienal (1984-1987), así como el R.D. de 3-III-1989, introdujeron nuevas posibilidades de financiación para la adquisición de viviendas y mayores ayudas para las empresas constructoras, que originaron el desarrollo de este sector industrial entre 1985 y 1990. Ese mismo año, la ley de 25-VII-1990 reformó la valoración del suelo estipulada en la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (9-IV-1976), clasificándolo en “no urbanizable”, “urbano” y “urbanizable”, este último dividido en “programado” y “no programado”, legislación sobre la que se han basado las tendencias del sector de la construcción en la década de 1990, en las que también han influido la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 y el proyecto de Catastro de la Propiedad Inmobiliaria.

Los aranceles establecidos a finales del s. XIX propiciaron, como en otros sectores, la aparición de empresas químicas y su consolidación hasta la Guerra Civil, como la Sociedad Española de la Dinamita (1872), la Sociedad Electroquímica de Flix (1897), la S.A. Cros (1904), la Sociedad Española de Carburos Metálicos (1904), la Compañía Solvay (1908) y la Sociedad de Fabricación Nacional de Colorantes y Explosivos (1922). Con el inicio de la autarquía se desarrolló la industrialización del sector químico y surgieron nuevas empresas que fabricaban productos que hasta entonces se importaban, como los farmacéuticos, cuya expansión estuvo originada también por el establecimiento del Seguro Obligatorio de Enfermedad (1941) y la destrucción de las fábricas alemanas al final de la II Guerra Mundial. El Plan de Ordenación Económica de 1959 permitió el avance tecnológico de otros subsectores, como el petroleoquímico, cuyo principal representante fue la Unión Explosivos Río Tinto, S.A. (ERT, 1970), creada mediante la fusión de Unión Española de Explosivos y Compañía Española de Minas de Río Tinto, que en los años siguientes procedió a la absorción de otras empresas y a la fusión con Cros (1988) para la creación de Ercros mediante la Kuwait Investment Office (KIO). Por otra parte, desde 1963 iniciaron su actividad los complejos petroleoquímicos de Puertollano (Ciudad Real) y Tarragona. El primero estuvo constituido por la Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles Líquidos y Lubricantes, S.A. (Encaso), perteneciente al INI; Paular, S.A., para la producción de polipropileno; Calatrava, S.A., y Alcudia, S.A., de polietileno de baja presión, y Montoro, S.A., de estireno y óxido de propileno. Este complejo fue reorganizado con la integración de Encaso en Enpetrol (1974), posterior Repsol Petróleo, y de las cuatro empresas restantes en Repsol Química después de la creación del INH. El de Tarragona estuvo centrado en la instalación de Industrias Químicas Asociadas (IQA), formada por ERT y Cepsa –presente también en el complejo petroleoquímico de Algeciras (Cádiz)–, dedicada a la producción de polietileno, estireno, polipropileno y cauchos sintéticos; Dow-Unquinesa, con capital mayoritario de la estadounidense Dow Chemical, y la alemana Badische Anilin-und Soda-Fabrik (BASF). Dentro del sector químico revisten especial importancia, por su relación con la agricultura, los nitrogenados, cuyo desarrollo iniciaron Energía e Industrias Aragonesas (El AS A, 1922) y Sociedad Ibérica de Nitrógeno (SIN, 1923). El subsec-tor fue declarado de interés nacional el 10-11-1940 y se programaron ayudas para Nitrato de Castilla, S.A, (NICAS), Sociedad Española de Fabricaciones Nitrogenadas (Sefanitro), Hidronitro Española, Compañía Insular del Nitrógeno, S.A. (CINSA) y Empresa Nacional de Fertilizantes, S.A. (Enfersa, 1973), surgida de Encaso, Ensidesa y Refinería de Petróleos de Escombreras, S.A. (Repesa) y vinculada a Ercros, desde 1988, y a Fosfórico Español, S.A. (FESA), desde 1990. Todo el sector fue reestructurado antes del ingreso en la CE mediante un plan de reconversión firmado el 22-II-1985 por el Ministerio de Industria y Energía y la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE). Otras industrias químicas de diversa relevancia son las de fabricación de explosivos, colorantes y plásticos; las de productos derivados del caucho, principalmente de neumáticos, con mayoría de capital extranjero, como la estadounidense Firestone Tire & Rubber Company (Firestone-Hispania), la italiana Pirelli (Nacional Pirelli) y la francesa Michelín (S.A. de Fabricación en España de Neumáticos Michelin); las de detergentes, con predominio del grupo anglo-holandés Unilever; las de perfumería y cosmética, entre las que las españolas Myrurgia, Gal y Puig compiten con las estadounidenses Johnson & Johnson, Avon y Revlon; las de productos farmacéuticos, con presencia de laboratorios nacionales y multinacionales; las de fibras textiles artificiales, plenamente relacionadas con el resto de la industria textil, y las de productos derivados del papel, en las que el INI está presente a través de la Empresa Nacional de Celulosas, S.A. (Enee).

Finalmente, el grupo industrial constituido por la fabricación de bienes de consumo se ha consolidado internacionalmente en las últimas décadas del s. XX. El subsector textil, ya mencionado, fue trascendental en los inicios de la industrialización y supuso, junto a la siderurgia, el comienzo de la industria moderna en España. Junto a él, la industria de la piel y el calzado (v.) constituye un subsector tradicional, aunque con una estructura muy fragmentada frente a los grandes grupos europeos, situación similar a la que se constata en la industria alimentaria (v.), en el que las multinacionales han absorbido a numerosas empresas de capital español y dominan el mercado. También, desde finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, la industria editorial y de prensa (vv.) española es una de las más importantes de Europa y del mundo, con presencia esencial en Hispanoamérica, con grupos como Planeta, Zeta, Anaya, Plaza & Janes, Espasa Cal-pe, Promotora de Informaciones, S.A. (Prisa) y Santillana. No ocurre lo mismo en el subsector de la cinematografía (v.), en el que la influencia de las distribuidoras estadounidenses dificulta una producción nacional que con frecuencia subsiste mediante diversos sistemas de protección y subvención a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), ni en el de la artesanía (v.), en el que las grandes empresas han relegado la actividad de los pequeños talleres tradicionales.

Autor: Cambó

Bibliografía

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