Sostenibilidad de las Administraciones Públicas en España en España en España

Aquí se ofrecen, respecto al derecho español, referencias cruzadas, comentarios y análisis sobre Sostenibilidad de las Administraciones Públicas. [aioseo_breadcrumbs] Aquí se ofrecen, respecto al derecho español, referencias cruzadas, comentarios y análisis sobre Sostenibilidad de las Administraciones Públicas. [aioseo_breadcrumbs] Aquí se ofrecen, respecto al derecho español, referencias cruzadas, comentarios y análisis sobre Sostenibilidad de las Administraciones Públicas. [aioseo_breadcrumbs][rtbs name=»derecho-home»] El concepto abarcaba el desarrollo de Administraciones Públicas que contribuyesen a la sostenibilidad de la sociedad en que estén encuadradas siendo a su vez en si mismas entes sostenibles.

La primera de las preocupaciones es, obviamente, la sostenibilidad económica de la Administración Pública. No ser un ente orientado a la venta de servicios hace difícil establecer la misma, acudiendo al básico mecanismo del beneficio económico. El porcentaje de PIB que supone la producción de la actividad de la Administración y servicios públicos, es un modo de evaluación de la sostenibilidad económica. Según datos de la OCDE, podríamos considerar que la Administración Pública española se ha mantenido en una línea de sostenibilidad económica entre 1995 y 2007: A pesar del innegable incremento del número de servicios prestados en este periodo, el coste de producción se ha mantenido estable en el 20% del PIB. Es significativo además, que el porcentaje del gasto público dedicado a pagar los salarios de los empleados públicos en España en ese periodo ha decrecido, a pesar que el número de empleados públicos haya aumentado. En comparación con otras Administraciones Públicas de la OCDE, España está situada en ambos conceptos, porcentaje de PIB que supone el coste de producción y porcentaje de fuerza laboral que suponen los empleados públicos, por debajo de la media de la OCDE.

La evaluación de la sostenibilidad social de una Administración Pública es aún, si cabe, más compleja. Una interpretación, es prestar atención a la evolución de los servicios que presta a la sociedad, su preocupación por el impacto de sus actividades y la imagen que de ella tiene la sociedad. Excepto para el último parámetro, me centraré en la evaluación por comparación con nuestro entorno. La evolución del gasto en servicios públicos como porcentaje del PIB ha bajado en un 5,9% entre 1995 y 2006, situándose en un 38,5%, por debajo de la media OCDE del 43,5%. Cada vez se ha dado menos servicios a la sociedad de lo que era posible. De otro lado, y también de acuerdo con los datos de la OCDE, España está a la cola del índice RIA que evalúa la preocupación por el análisis de impacto en las medidas gubernamentales y administrativas. O lo que es lo mismo, la preocupación por el impacto sobre la sociedad de la acción pública es mejorable. La comparativa negativa de la vertiente social de la acción de las Administraciones Públicas tiene su traslado en la opinión de los ciudadanos. De acuerdo a la encuesta del CIS de Marzo 2009, no llega al 30% de la sociedad los que tienen una visión positiva de las Administraciones Públicas, y apenas el 43% opinan que haya habido una mejora. En conjunto, si en la sostenibilidad económica podíamos considerar tener unas Administraciones Públicas por encima del aprobado, la sostenibilidad social ofrece un panorama menos feliz.

Pocos datos existen sobre la sostenibilidad medioambiental de las Administraciones Públicas Españolas. Desde hace unos años se han desarrollado planes destinado a reducir la huella medioambiental, pero poca información se tiene de su impacto global en el conjunto de las Administraciones Públicas. Aparte de la estimación de la reducción derivada de la digitalización del BOE (3.500 toneladas de papel) y la nota de prensa del impacto del “Plan de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado” (reducción del 10% del consumo eléctrico), no he conseguido encontrar una fuente para convalidar la idea de que, aunque se podría hacer más (e.g. introduciendo el teletrabajo), se está por el buen camino.

El punto débil de la sostenibilidad de las Administraciones Públicas Españolas no parece ser el económico en contra de lo que se pretende. A pesar de la imagen de gasto desbocado, en condiciones normales se ha procurado no caer en el vicio del nuevo rico. El punto débil de nuestra sostenibilidad es el social, el uso más efectivo de los recursos públicos en lo demandado por la sociedad.

Si la sociedad ha de tener presente la máxima “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” (Informe Brutland), algo parecido podría decirse de las Administraciones Públicas en general y de las españolas en particular. Hemos de satisfacer las necesidades para poder velar por el interés general sin comprometer que en un futuro haya quien siga realizando esta labor.

Sociedades Sostenibles y Gobierno

algunas medidas basadas en el uso del Gobierno Electrónico cuya puesta en marcha favorecería (modestamente, no nos engañemos) que nuestra sociedad fuera más sostenible:

Sostenibilidad Económica

Algunas medidas incluyen:

• Reformar la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007), estableciendo la obligatoriedad a todas las Administraciones Públicas de realizar todas las fases de la compra pública por medios electrónicos. La disponibilidad de una Plataforma de Contratación abierta para su uso a todas las AAPP de España, hace que sea una medida realista y que dinamizaría la actividad económica por la importancia que el sector público tiene en la misma.
• Cierre del canal presencial de las Administraciones Públicas para empresas, que provocaría un incremento de productividad al eliminar los trámites presenciales. Según Eurostat, en 2008 el 95 de las empresas de 10 0 más empleados tenían acceso a Internet, el cierre de las ventanillas no supondría un trastorno, sino forzar un cambio que inyectara eficiencia en la sociedad.
• Obligatoriedad de proactividad en el ofrecimiento de servicios por las Administraciones Públicas, obligando al uso del medio electrónico para ofrecer un canal de recogida de direcciones electrónicas de comunicación inmediata con los ciudadanos (teléfono móvil, e-mail, twitter, …). Dicha dirección sería utilizada para hacerle llegar ofertas de servicios a los que tuviera derecho, evitando las perdidas de tiempo y recursos que el conocer los derechos propios implica.
• Establecer un catálogo de información pública reusable en formatos acordes con estándares abiertos, que permita el fácil establecimiento de servicios de infomediación y la consecuente potenciación del sector económico de los contenidos digitales

Sostenibilidad Social

Algunas medidas incluyen:

• Desarrollo de una estrategia de canales en los organismos públicos, adaptándo sus estructuras organizativas y el modo de ofrecer sus servicios a los ciudadanos objeto de los mismos. Mayor personalización en el ofrecimiento de servicios basado en el uso de las TIC, pero sin obligar a su uso por el ciudadano, introduciendo modelos de colaboración social apoyados en el canal electrónico.
• Creación de paneles electrónicos ciudadanos de evaluación de políticas públicas, apalancándose en el crowdsourcing para conocer la efectividad real de las mismas haciendo del canal electrónico un elemento clave del aprendizaje organizativo. Políticas más efectivas sólo son posibles con la participación de la sociedad.
• Garantizar a todos los ciudadanos un conjunto de servicios básicos electrónicos independientemente de su región geográfica. Reformar la ley 11/2007 para incorporar un mecanismo flexible de definición y actualización de los mismos mediante la cooperación entre todas las Administraciones Públicas.

Sostenibilidad medioambiental

Algunas medidas incluyen:

• Introducción de la claúsula verde en la compra pública de las TIC, adquiriendo equipamiento de acuerdo con criterios de eficiencia energética.
• Desarrollo de servicios comunes y consolidación tecnológica, estableciendo un plan de sistemas que permita la unificación de los servicios administrativos comunes (nómina, compras, personal, etc, …). Eliminando de este modo el gasto energético derivado de las duplicaciones de equipamiento.
• Eliminación del uso del papel en los procedimientos administrativos, estableciendo plazos para la automatización del backoffice administrativo y la eliminación de fotocopiadoras e impresoras.

Autor: Andres Nin Pérez