Compromiso de Caspe en España en España

[rtbs name=»derecho-home»] Nombre dado a la declaración de sucesor del rey Martín I de Aragón en el trono de corona catalano-aragonesa, hecha en la villa aragonesa de Caspe el 24 de junio de 1412 por los jueces elegidos por los parlamentos del Principado de Cataluña y de los reinos de Aragón y de Valencia.

De hecho, el verdadero compromiso fue la decisión, tomada por los representantes del Parlamento catalán y el aragonés de Alcañiz, en esta última ciudad, el 15 de febrero de 1412, de delegar en unos jueces o compromisarios la facultad de hacer esa declaración. El rey Martín, muerto sin heredero legítimo directo el 31 de mayo de 1410, no había designado sucesor en vida porque confiaba en obtener la legitimación de su neto directo, el niño Federico de Aragón y de Sicilia, hijo natural de su hijo Martín I de Sicilia, rey de Sicilia, muerto sin hijos legítimos en 1409; también influyó en la vacilación del rey la presión de un grupo de magnates que reclamaba la sucesión para el príncipe Luis III de Nápole , hijo de Violante de Aragón (hija de Juan I) y de Luis II de Nápoles, rey de Nápoles.

Sin estas circunstancias, la sucesión hubiera recaído en el pariente más próximo por línea masculina: el conde Jaime II de Urgel, bisnieto de Alfonso III de Cataluña, que ya había sido nombrado gobernador general de la corona, cargo involucrado al heredero del trono. Pero Jaume de Urgell tenía muchos enemigos entre los magnates aragoneses y entre una minoría de prohombres catalanes, como el gobernador de Cataluña Guerau Alemany de Cervelló y de Queralt. Asimismo, como miembro de la vieja nobleza territorial, tampoco entusiasmaba a la alta burguesía, sobre todo la de Barcelona y Lleida. Esta tuvo éxito en evitar que el conde de Urgell iniciara actos de soberano, y obtuvo del rey moribundo una respuesta afirmativa, expresada en dos ocasiones, el 30 y el 31 de mayo, con el monosílabo «hoc», que la sucesión recayera en «aquel a quien por justicia» correspondiera.

Esta declaración, cuya acta original no debió existir (el protonotario Sescomes siempre se negó a presentarla en el Parlamento y se limitó a enviar traslado), situó a Jaume de Urgell al mismo nivel que los otros parientes que podían alegar derechos sucesorios. Así, tuvo que renunciar a la gobernación general de los reinos, que quedaron de hecho bajo la autoridad de los tres gobernadores, dos de los cuales, el del Principado y el de Aragón (Roís de Liori), eran enemigos suyos. La idea de reunir un parlamento general de los reinos para declarar en justicia la persona del sucesor, o bien para determinar el procedimiento de tal declaración, sufrió muchas dilaciones.

Por lo pronto, el gobernador de Cataluña no convocó el Parlamento catalán hasta el 31 de agosto, con la esperanza de dar tiempo a la legitimación papal de Federico de Luna. Esta se produjo el 20 de agosto, pero limitada a la sucesión de Sicilia. Pronto la causa de este niño pobre y sin apoyo internacional fue dejada de lado, y todos los enemigos de Jaume de Urgell se decantaron en breve por Luis de Anjou. La tarea del Parlamento del Principado, reunido en Barcelona desde el 25 de septiembre de 1410, se desarrolló a pesar de la obstrucción practicada por la minoría francófila del brazo militar, pero en los reinos de Aragón y de Valencia, las banderías nobiliarias e implicaron en el asunto sucesorio, que revistió un carácter muy violento, y dieron lugar a la reunión de parlamentos rivales, que cada uno pretendía ser legítimo.

En Aragón, el bando de los Urrea se declaró francófilo, mientras que sus rivales, los Luna, eran urgellistas. Y en el Reino de Valencia era urgellista la facción de los Vilaragut ante la de los Centelles. El primero de junio de 1411, la muerte del arzobispo de Zaragoza García Fernández de Heredia, acérrimo francófilo, a manos del lider urgellista Anton de Luna, dio al asunto un vuelco decisivo. Los enemigos aragoneses de Jaume de Urgell volvieron los ojos hacia un nuevo candidato hasta entonces poco cualificado: el regente de Castilla, Fernando I de Aragón, hijo de una hija de Pedro III, que podía disponer de recursos militares y financieros mucho más cercanos y superiores que el lejano Luis de Anjou, y que era, además, hombre de remarcable habilidad y experiencia de gobierno.

Con la excusa de proteger los parientes del arzobispo, Fernando introdujo en Aragón fuerzas militares castellanas y situó otros en la frontera de Valencia. Jaume de Urgell intentó oponerse a estas fuerzas con contingentes gascones, pero desistió ante las enérgicas conminaciones del Parlamento del Principado. Siguiendo el ejemplo de los aragoneses, los antiurgellistes del Reino de Valencia se decantaron por Fernando de Castilla, y pronto siguieron también este camino los francófilos del Principado.

La burguesía barcelonesa, hasta entonces vacilante, ya que detestaba el pretendiente francés mucho más que detestaba a Jaume de Urgell, encontró también en Fernando, hombre nuevo y poderoso, su candidato. Desde que, a finales del verano del 1411, el Parlamento del Principado se trasladó a Tortosa, con el fin de estar más cerca del aragonés, reunido en Alcañiz (con exclusión de los elementos urgellista reunidos en Mequinenza), y los dos parlamentos valencianos, reunidos en Traiguera (los antiurgellistes) y en Vinaròs (los urgellista), la cuestión quedó esencialmente reducida a Jaume de Urgell y Fernando de Castilla.

El 23 de diciembre el Parlamento del Principado delegó en una comisión de venticuatro personas, ocho por brazo, la decisión sobre todo lo que fuera acordado en Alcañiz por los representantes del Principado y de Aragón (la división entre los valencianos los privó de concurrir en Alcañiz, mientras que los representantes de Mallorca fueron rechazados por los aragoneses). El 23 de enero de 1412, el Papa Benedicto XIII, que vivía refugiado en Peñíscola, aconsejó que fuera elegido un pequeño número de expertos de cada reino con facultad de designar al sucesor; este consejo fue aceptado, y el 15 de febrero fue acordado en Alcañiz que nueve jueces, tres por reino, reunidos en la ciudad papal de Caspe, examinaran los derechos de los diversos candidatos y procedieran a declarar el sucesor por mayoría de votos; pero, dentro de esta mayoría tenía que haber al menos un voto de cada reino.

El Parlamento aragonés de Alcañiz delegó en el gobernador Roís de Liori y el justicia Juan Ximénez Cerdán la facultad de proponer los jueces que después deberían aprobar los parlamentos del Principado y del Reino de Valencia. En estos momentos fue decisiva la intervención del papa Benedicto (el aragonés Pero Martínez de Luna). Alarmado por una propuesta del rey de Francia y los Anjou en el Parlamento del Principado ofreciendo la unión de la corona catalano-aragonesa, de Anjou y de Provenza bajo el pequeño hijo de Violante, el papa, influido por Vicente Ferrer, embajador cercano de Fernando de Castilla, creyó que la elección de este último le aseguraría la obediencia de Castilla y de Aragón (los Anjou se mantenían en la obediencia del papa Juan XXIII, y Jaume de Urgell intentava una tímida aproximación al papa de Roma, Gregori XII).

Así, la nómina de jueces hecha por Liori y Cerdán comprendía una mayoría de elementos adictos al Papa Luna, y, por tanto, a Fernando de Castilla; a saber, los tres por el Reino de Aragón: Domingo Ram , obispo de Huesca, Francisco de Aranda, cartujo de Portaceli, y el jurista Berenguer de Bardají (a sueldo de Fernando); dos del Reino de Valencia: Vicente Ferrer y su hermano Bonifacio Ferrer, prior de Portaceli; y dos del Principado: Pedro de Sagarriga y de Paz, arzobispo de Tarragona, y el jurista Bernardo de Gualbes , consejero de Barcelona. Sólo el tercero de los jueces por el Principado, Guillermo de Vallseca, y el tercero del Reino de Valencia, Enero Rabassa, juristas de fama, se podían considerar libres de compromisos.

Sin embargo, la aprobación de esta nómina por parte de los 24 del Parlamento del Principado topó con dificultades, pero la decisión de Benedicto XIII decantó el clero, y la nómina fue íntegramente aceptada, a pesar de las protestas airadas de los delegados de Luis de Anjou y de la nobleza urgellista. Por otra parte, el 27 de febrero se produjo otro hecho fatal a la causa de Jaume de Urgell. Las fuerzas castellanas entradas en el Reino de Valencia, en conjunción con las de los Centelles, aplastando en Morvedre (que es hoy un barrio de Valencia) a la hueste de los Vilaragut, del gobernador de Valencia, Arnau Guillem de Bellera, y de la ciudad de Valencia, con un gran número de muertes (entre los que estaba el mismo gobernador) y de prisioneros. Bajo la impresión de este suceso, los 24 del Principado aprobaron el 13 de marzo la nómina de los jueces de Alcañiz y, al día siguiente, el nuevo Parlamento del Reino de Valencia, eliminada la oposición, aceptó también la lista. Desde este momento, prácticamente, la elección del sucesor del rey Martín ya era hecha.

Reunidos en Caspe desde el 29 de marzo, los jueces escucharon los alegatos de los diversos candidatos. Éstos eran, como se ha señalado, Jaume de Urgell, Luis de Anjou, Fernando de Castilla, Federico de Luna y Alfonso de Gandia y de Arenoso, duque de Gandia, bisnieto por línea masculina de Jaime II de Aragón, que acababa de suceder, como candidato, su padre, Alfonso de Gandia y de Foix, muerto el mismo en 1412; también presentó a última hora su candidatura el anciano conde Juan de Prades y de Foix, hermano de Alfonso de Gandia el Viejo. Vallseca no se presentó al cónclave hasta el 22 de abril, y Rabassa simuló, parece, un ataque de locura para poderse retirar, y fue sustituido por el también jurista Pere Bertran.

El 24 de junio los compromisarios pronunciaron la sentencia: votó, en primer lugar, Vicente Ferrer a favor del infante Fernando, voto seguido por los de Ram, Bonifacio Ferrer, Bernardo de Gualbes, Aranda y Bardají. Asegurada ya por el voto de Gualbes la elección de Fernando, el arzobispo Sagarriga dio un voto de compromiso a Alfonso de Gandia y Jaume de Urgell conjuntamente, Vallseca votó a Jaume de Urgell y, finalmente, Bertran excusó su voto alegando falta de tiempo para estudiar el asunto. El día 28 de junio fue publicada solemnemente la sentencia que instalaba en la corona catalano-aragonesa la nueva dinastía de los Trastámara. La decisión fue ampliamente aceptada y la revuelta posterior (1413) de Jaume de Urgell tuvo, de hecho, pocos partidarios y fue fácilmente vencida por Fernando.

El compromiso de Caspe ha sido muy diversamente juzgado por los historiadores. Generalmente presentado como una prueba de cordura y de pacifismo, para otros fue una verdadera «iniquidad», una claudicación de Cataluña ante Aragón, el comienzo de su desnacionalización. Incluso se ha querido ver una manifestación de la tendencia hacia la unidad política de la península Ibérica. Para Jaume Vicens Vives, la causa de Fernando prevaleció sobre la de Santiago, no porque presentara más títulos jurídicos, sino porque una minoría decidida la supo imponer por cuanto era la última salida posible al problema planteado por la claudicación de Martín el Humano: éste había podido dar en 1410 una solución catalana, con el conde de Urgell como su sucesor.

En octubre de 2010, en los archivos de la Biblioteca de la Universidad de Valencia, fue descubierto el documento original de las deliberaciones que culminaron con el compromiso, clasificado por error en la documentación del siglo XVI. Escrito el mismo año 1412, anteriormente sólo había constancia de tres copias de este documento, depositadas en el Archivo de la Corona de Aragón y de la Catedral de Segorbe.

Compromiso de Caspe (Historia)

Compromiso de Caspe, acuerdo tomado en el año 1412 en la villa de Caspe (en la actual provincia española de Zaragoza) para resolver el problema sucesorio planteado en 1410 en la Corona de Aragón al morir sin sucesión Martín I el Humano.

Los candidatos eran varios, entre ellos el conde de Urgel y Fernando de Antequera, regente de Castilla. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en las Cortes, se decidió que la cuestión la resolviera una junta de compromisarios. En Caspe se reunieron nueve delegados, tres por Aragón, tres por Cataluña y tres por Valencia, uno de los cuales era el dominico san Vicente Ferrer. El triunfador debía obtener, como mínimo, un voto de cada una de las tres entidades políticas presentes. La junta se pronunció finalmente a favor de Fernando de Antequera. [1]

Del Compromiso de Caspe al Decreto de Nueva Planta: Historia de la Corona de Aragón

Tras el grave conflicto sucesorio que acabó con el compromiso de Caspe, que instauró la dinastía de los Trastámara en la corona catalano-aragonesa, Alfonso IV intentó por las armas (1420), infructuosamente, hacer efectivo el título de rey de Córcega (algo que sólo Martín I había logrado, en parte, los primeros años del siglo XV). En 1421 el mismo Alfonso inicia la lucha por el dominio de Nápoles, que no consiguió totalmente hasta el año 1442. El año siguiente fue reconocido, por el papa, como rey de las Dos Sicilias (el título real de Sicilia o el reino de Nápoles llevaba incluidos los titulos nominales de rey de Jerusalén y de Hungría) e inició su política balcánica: vasallaje de Bosnia (1444); virreinato de Albania (1452), centrado en Krujë (una ciudad de la actual Albania), a raíz del pacto con Iskanderbeg; virreinato de Epiro y Morea (1456), centrado en Castrovilari.

A la muerte de Alfonso IV, Nápoles y sus dependencias orientales pasaron a su hijo Fernando I de Nápoles, mientras que la corona catalano-aragonesa era heredada por Juan, rey de Navarra, hermano de Alfonso (la unión dinástica con Navarra llevará sólo hasta la muerte de Juan I, en 1479). La guerra contra Juan II no llevó otra consecuencia a la unidad de la corona que la ocupación temporal (1475-93) de los condados de Rosellón y de Cerdaña por Francia.

La asociación al gobierno de Castilla (1475-1504) de Fernando (rey de Sicilia ya desde el 1473 y de Aragón desde el 1479) durante el reinado de su esposa Isabel de Castilla (que administró este reino en 1504-06 y en 1507-16 en nombre de su hija Juana) fue el resultado no sólo de su ambición política, sino también de los ideales renacentistas de una restauración de la unión de la Hispania Citerior con la Ulterior, tal como propugnaba el cardenal Juan Margarit; esta denominación humanística de las dues corones fue a menudo utilizada a partir de Felip II, que se hacía llamar «rey de las Españas».

De momento, la vinculación comportó la participación militar y financiera de catalanes a las empresas de Castilla (guerra de Granada, conquistas norteafricanas al oeste del Muluya, primeros viajes de Colón a América), por un lado, y la de militares castellanos en las campañas de Italia, del Rosellón y de África del Norte y de eclesiásticos de la misma nación en la ejecución de la política religiosa de Fernando II (nueva inquisición, reforma de las órdenes religiosas), por otro. El 1510 fue declarada la unión perpetua de los reinos de las Dos Sicilias (y del nominal reino de Jerusalén) en la corona catalano-aragonesa tras la ocupación (1505) de la totalidad del reino de Nápoles por las fuerzas de Fernando II (en una primera etapa había sido creado el virreinato catalano-aragonès de Calabria y Apulia en el reparto del reino entre Fernando y Luis XII de Francia).

En África del Norte, la conquista de la zona atribuida en Cataluña-Aragón fue iniciada con las de Mers-el-Kébir (1505) y de Orán (1509), y siguió (1510) con las de Bujía y Trípoli y las sumisiones de Argel, Ténès y Dellys. Finalmente, Fernando II ocupó el reino de Navarra y la anexionó (1512) en la corona catalano-aragonesa, salvo la Baja Navarra; en 1515, sin embargo, fue agregado definitivamente a la corona de Castilla.

Fernando el Católico reformó la administración central de la corona transformando el consejo real, la cancillería y la audiencia en un nuevo consejo real (1494), que con el tiempo se llamó Consejo de Aragón, y otros consejos reales y también cancillerías y audiencias para cada uno de los reinos. El Consejo de Aragón era presidido por el vicecanciller, funcionario que se convirtió, así, en el principal colaborador del rey en la administración de la corona; el absentismo comportó también la sistematización del cargo de lugarteniente -a menudo con el nombre de virrey -, hasta entonces habitual sólo a los «reinos del mar» (Cerdeña, Sicilia), y de las cortes generales de los tres reinos en Monzón.

A su muerte (1516), Fernando el Católico dejó el gobierno de las dos coronas, la patrimonial y la administrada, a dos regentes diferentes (Cataluña-Aragón, a Alfonso de Aragón, y Castilla, a Cisneros).

Con el reinado efectivo de Carlos I (1519), soberano ya de los estados de la casa de Borgoña y el primer rey de la casa de Austria en Cataluña-Aragón, se inició la unión de las coronas castellana y catalano-aragonesa en un solo monarca, muy pronto extendida con los estados de Austria y con el Sacro Imperio (1519). Sin modificar casi nada las formas de gobierno de cada uno de los estados, Carlos V sobrepuso un consejo del imperio con representantes de los diversos reinos, y un gran canciller (sustituidos más adelante por los consejos de estado y de guerra y por los secretarios de estado y del rey).

Los estados de Italia (pero no Cerdeña) fueron separados de hecho de la corona catalano-aragonesa con la implantación (1554) del Consejo de Italia. A pesar del documento de abdicación de Carlos V en la corona catalano-aragonesa (redactado separado del de Castilla), el emperador reinó legalmente en Cataluña-Aragón hasta su muerte (en Nápoles reinaba desde el 1554 su hijo Felipe). La aparición de una dinastía exclusivamente hispánica de los Habsburgo no comportó, sin embargo, la formación de un Estado español, a pesar de la hegemonía progresiva de la corona de Castilla y la generalización de la identificación de España con la monarquía tras la incorporación de Portugal, sino el inicio de un proceso similar al que había llevado a la constitución de la corona catalan-oaragonesa. Los naturales de las dos coronas se consideraron siempre mutuamente extranjeros, especialmente para el ejercicio de cargos públicos y para el comercio.

Las acciones anticonstitucionales, pero, fueron frecuentes a partir del viraje político de Felipe II (1568) y especialmente a partir del reinado de Felipe IV (1621), en gran parte responsables de los movimientos contra la monarquía en Aragón (alteraciones de Aragón, 1591), en Cataluña (guerra de los «Segadors» en 1640) y también en Nápoles (revuelta de Masaniello en 1647). La guerra de los «Segadors» comportó, además de una incorporación temporal (1641-52) del Principado en Francia, la anexión a este reino, por el tratado de los Pirineos (1659), del condado de Rosellón y de la mitad del de Cerdanya (que conservaron un régimen autónomo hasta el 1700). Por otra parte, las posesiones norteafricanas, salvo Mers-el-Kébir y Orán, que se mantuvieron todo el siglo XVII, se habían perdido: la base de Argel, en 1529; Trípoli fue entregada en 1530, junto con Malta y Gozo, a la orden de San Juan; Bujía, en 1555. De las conquistas de 1535 (Túnez, Bizerta y la Goleta), sólo la última se mantuvo hasta el 1574. Felipe V respetó, en 1700, al convertirse en sucesor del último rey de la casa de Austria, la constitución de la corona catalan-oaragonesa; pero a partir de la guerra de Sucesión propugnó y practicó una política de asimilación en Castilla de los reinos que formaban parte de aquella corona, lo que hizo en 1707 para el reino de Valencia y para el de Aragón, en 1715 para el reino de Mallorca y en 1716 para el Principado de Cataluña.

Amb els decrets de Nova Planta, finalitzà com a organització estatal la corona catalanoaragonesa, malgrat que la monarquia hispànica dels Borbó continuava essent considerada legalment com una agregació de regnes diversos. L’administració del rei arxiduc Carles III havia seguit, per contra, un camí oposat: restituí al Consell d’Aragó la competència sobre els afers italians (1706) i creà una secretaria de Catalunya. L’administració de la corona catalanoaragonesa restà vigent encara a Sardenya (fins el 1720, que fou intercanviada per Sicília, a mans de Savoia des del 1713) i als regnes de Nàpols i de Sicília (incorporats de dret a l’imperi per la pau del 1725, i conquerits pels Borbó d’Espanya el 1734). El Consell d’Aragó, establert a Viena des de la pèrdua del Principat, amb el nom de Consell d’Espanya, es dissolgué el 1725.

Con los decretos de Nueva Planta, finalizó como organización estatal la corona catalano-aragonesa, aunque la monarquía hispánica de los Borbones continuaba siendo considerada legalmente como una agregación de reinos diversos. La administración del rey archiduque Carlos III había seguido, por el contrario, un camino opuesto: restituyó al Consejo de Aragón la competencia sobre los asuntos italianos (1706) y creó una secretaría de Cataluña. La administración de la corona catalano-aragonesa quedó vigente todavía en Cerdeña (hasta el 1720, que fue intercambiada por Sicilia, a manos de Saboya desde el 1713) y los reinos de Nápoles y de Sicilia (incorporados de derecho al imperio por la paz del 1725, y conquistados por los Borbones de España en 1734).

Reivindicaciones posteriores de la corona catalano-aragonesa

El Consejo de Aragón, establecido en Viena desde la pérdida del Principado, con el nombre de Consejo de España, se disolvió en 1725. Menorca, por otra parte, unida en 1713 a la corona británica (con un paréntesis de anexión a Francia), conservó el propio régimen constitucional hasta el 1798; Cerdeña, unida a Saboya, perdió en 1847 las últimas instituciones creadas por la monarquía catalano-aragonesa.

A pesar del régimen político impuesto a los territorios asimilados a la corona de Castilla, perduró en mayor o menor grado el hecho diferencial político entre las dos antiguas coronas, mientras persistía paralelamente una cierta solidaridad entre los cuatro reinos hispánicos de la antigua corona catalano-aragonesa: en 1715 Felipe V confirmó que una de las secretarías de la Cámara de Castilla fuera exclusiva para los asuntos de la corona catalano-aragonesa; en 1769 Carlos III hizo lo mismo con uno de los tres fiscales, y en 1785, con uno de los cuatro agentes fiscales del Consejo de Castilla. En 1760, además, mientras la ciudad de Burgos pedía al rey que los representantes de las ciudades catalanas y aragonesas ocuparan el último lugar en las cortes sin alternar con los de las ciudades castellanas, Barcelona, ​​Valencia, Zaragoza y Palma presentaron a las mismas cortes un memorial que pedía al Consejo de Castilla, entonces órgano supremo de gobierno de la monarquía, la creación de una sala para los asuntos de la corona catalano-aragonesa.

En el siglo XIX, de acuerdo con las directrices del grupo progresista, que hizo triunfar en Barcelona la revolución de 1854, se encomendó a Víctor Balaguer la edición de un periódico («La Corona de Aragón ‘) que representara una alianza de los elementos afines a los países de la antigua corona, que fue publicado con este título hasta el 1857. En 1869 los federalistas tomaron la antigua corona catalano- aragonesa como base del pacto de Tortosa. En 1872 el pretendiente carlista Carlos VII hizo una proclama prometiendo a los antiguos estados de la corona catalano-aragonesa el retorno de sus constituciones políticas («fueros») suprimidas.

Consideraciones Jurídicas y/o Políticas

Recursos

Notas y Referencias

1. Información sobre compromiso de caspe de la Enciclopedia Encarta

Véase También

Otra Información en relación a Compromiso de Caspe