Ley de Servicios de Pago en España en España

Aquí se ofrecen, respecto al derecho español, referencias cruzadas, comentarios y análisis sobre Ley de Servicios de Pago. [aioseo_breadcrumbs][rtbs name=»derecho-home»]

Examen de la Ley

La citada ley viene a incorporar la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2005/65/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE. El objeto de la presente Ley es incorporarla al Ordenamiento jurídico español (BOE Sábado 14 de noviembre de 2009).

El objetivo general de la Directiva es garantizar que los pagos realizados en el ámbito de la Unión Europea -en concreto, las transferencias, los adeudos directos y las operaciones de pago directo efectuadas mediante tarjeta- puedan realizarse con la misma facilidad, eficiencia y seguridad que los pagos nacionales internos de los Estados miembros. Junto a ello contribuye al reforzamiento y protección de los derechos de los usuarios.Es obligatorio que el consumidor dé al emisor la autorización expresa de que acepta el cargo de esos pagos domiciliados. La medida no se aplica a las cursadas antes de la entrada en vigor de la norma, porque se entiende que el permiso ya está concedido.

La práctica habitual de devolver recibos con cuyo importe no se estaba de acuerdo o cuya baja se había tramitado también experimenta cambios. Hasta ahora, los clientes de las entidades bancarias tenían derecho a girarlos dentro de unos plazos de tiempo determinados.

Tras la entrada en vigor de la nueva regulación en los veintisiete Estados miembros, el cumplimiento de tales objetivos propiciará que los usuarios de servicios de pago se beneficien, entre otras, de las siguientes novedades:

• La posibilidad de realizar más sencilla, segura y eficientemente transferencias transfronterizas, incluyendo adeudos.
• La posibilidad de utilizar tarjetas de débito en cualquier otro Estado.
• La posibilidad de operar con una sola cuenta corriente en todo el territorio, sin necesidad de abrir una nueva cuenta corriente si se desplazan a otro Estado por motivos laborales, de estudios, etcétera.
• La mayor rapidez de los pagos, de manera que el beneficiario dispondrá de los fondos como muy tarde el día siguiente al de la realización de la transferencia.
• La disposición de mayores niveles de protección y de mejor información, como por ejemplo la relativa a los gastos aplicados, el establecimiento de reglas más claras sobre el reembolso en caso de transacciones mal ejecutadas o la reducción o eliminación total de su responsabilidad en caso de pérdida o robo de un instrumento de pago.
• La regulación de los gastos aplicables. En toda prestación de servicios de pago que no incluya una conversión en divisas, los gastos serán compartidos entre ordenante y beneficiario. Se trata de la cláusula “share”, novedosa en el ordenamiento jurídico español, ya que hasta el momento los gastos corren íntegramente de cuenta del ordenante.

Entre los servicios de pago regulados, la Ley establece la ejecución de transferencias, la ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar y la ejecución de los adeudos domiciliados, y extiende su ámbito a otros servicios de pago tales como la emisión y adquisición de instrumentos de pago o el envío de dinero.

En definitiva, la prestación de cualquiera de los servicios de pago enumerados y regulados por el Proyecto de Ley queda prohibida a cualquier persona física o jurídica que no tenga la condición de proveedor de servicios de pago.

Régimen jurídico de las entidades de pago

La norma establece un nuevo tipo de entidades autorizadas para la prestación y ejecución de los servicios de pago regulado por la Directiva, las entidades de pago, y configura el régimen jurídico de esta nueva categoría de entidades.

Entre los aspectos sustanciales del régimen jurídico, las entidades estarán sujetas a una autorización administrativa, que será concedida por el Ministro de Economía y Hacienda con los preceptivos informes del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). Se establecen, igualmente, los requisitos de capital inicial y recursos propios, el listado de actividades que pueden realizar y los requisitos de garantía previstos para la salvaguarda de los fondos recibidos para la ejecución de las operaciones de pago.

Además, se completa el régimen jurídico de las entidades de pago con las oportunas disposiciones referidas al ejercicio del derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios dentro de la Unión Europea, a la utilización de agentes y delegación de funciones, a la contabilidad y auditoría, y al ejercicio de la función supervisora del Banco de España en términos similares a los previstos por la legislación vigente para las entidades de crédito.

Transparencia de los servicios de pago

Con objeto de garantizar la adecuada protección de los usuarios de servicios de pago, el nuevo texto incluye un conjunto de obligaciones de información (sobre los costes de las operaciones, la fecha de recepción de la orden de pago, el importe de la operación, etcétera) que el proveedor de un servicio de pago habrá de suministrar a los usuarios de dichos servicios, ya se trate de operaciones de pago singulares o de operaciones de pago reguladas por un contrato marco.

Los proveedores de servicios de pago quedarán obligados a facilitar de manera gratuita la información que en relación con la prestación de servicios de pago se determine reglamentariamente. El proveedor tan sólo podrá cobrar por información adicional o más frecuente, y, en todo caso, de manera proporcionada a los costes efectivamente soportado

Para la protección de los derechos de los clientes de servicios financieros, lA Ley incluye un amplio conjunto de derechos y obligaciones derivados de la relación contractual entre el prestador del servicio de pago y el usuario de un servicio.

Asimismo, incide en el buen uso de los instrumentos de pago, incrementa de manera notable el nivel de protección de los usuarios, tanto a nivel general como en relación con cada uno de los aspectos sustanciales de la relación contractual previstos, es decir, los relativos a los gastos aplicables, la autorización de operaciones de pago y la ejecución de órdenes de pago.

La anterior normativa interbancaria establecía que los recibos con importes inferiores a 3.000 euros con los que se estuviera disconforme se podían devolver entre los 9 y los 30 días siguientes a la fecha en la que la factura se descontaba. A partir de ahora, sólo es posible rechazarlos si en la correspondiente autorización no se fija su importe exacto y se carga uno superior al que se espera. El plazo para devolver el recibo que no cumpla con estas condiciones aumenta hasta ocho semanas. No obstante, la nueva ley es flexible en este punto ya que reconoce la posibilidad de que se actúe como hasta ahora, aunque para ello es preciso pactarlo con la entidad bancaria.

Establece de forma legal que el límite de responsabilidad del usuario (en caso de robo o pérdida) por uso fraudulento de instrumentos de pago sea de 150 euros. Hasta ahora, la aplicación de este tope era sólo una recomendación de la Comisión Europea. Algunas entidades no lo aplicaban y otras sí, pero con ciertas restricciones.

El límite de responsabilidad afecta tanto a tarjetas de crédito y de débito como a libretas de ahorro, que hasta ahora estaban excluidas.

Las entidades financieras son las únicas responsables de garantizar que las tarjetas de pago, sus claves de acceso, las coordenadas para operar por Internet y cualquier otro elemento de seguridad sean accesibles sólo para su titular. Por tanto, bancos y cajas serán los responsables de los riesgos derivados del envío que no cumpla esa condición.

Se prohíbe que bancos y cajas envíen instrumentos de pago a sus clientes si estos no lo han solicitado, algo que hasta ahora se realizaba con asiduidad.

Las entidades bancarias deben disponer medios adecuados y gratuitos para comunicar la pérdida, robo o uso indebido de un instrumento de pago. Además, la nueva normativa les obliga a mantener un registro de la denuncia durante al menos 18 meses.