Presos en España en España

Aquí se ofrecen, respecto al derecho español, referencias cruzadas, comentarios y análisis sobre Presos. [aioseo_breadcrumbs][rtbs name=»derecho-home»]

Presos: Masificación de las Cárceles

«Los delincuentes entran en la cárcel por una puerta y salen por la otra”. Los tópicos no suelen hacer justicia, y éste es rigurosamente falso. Los datos no engañan. Somos el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de presos en relación a la población, 150 reclusos por cada 100.000 habitantes, frente a los 90 de media europea, y durante la última década hemos incrementado en un 50% nuestra población reclusa, que se ha duplicado si tomamos como referencia el año 1990. En total, 66.809 personas están actualmente privadas de libertad, según datos facilitados por Instituciones Penitenciarias. Una cifra que sobrepasa con creces la capacidad de las 79 cárceles del país.

Y no sólo somos los primeros en número de presos por habitantes, también tenemos el mayor número de mujeres entre rejas, el 8% del total de internos, frente al 4,7% de media europea y, además, somos el país en el que las estancias en prisión son más largas. Cifras que, por cierto, no se justifican por unos elevados índices de delitos. Al contrario, estamos por debajo de la media europea en tasa delictiva. “La superpoblación de las cárceles españolas es paradójica cuando tenemos una de las tasas de criminalidad más bajas de toda Europa Occidental, y mucho menor aún en los delitos más graves, los que se cometen contra las personas”, dice José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Criminología.

¿Cómo es posible, entonces, que seamos el país europeo con mayor porcentaje de presos y estemos entre aquellos en los que menos delitos se cometen? Lo que parece una contradicción no lo es tanto. Se explica por una legislación penal muy dura en comparación con los países de nuestro entorno. El actual Código Penal, promovido en 1995 por Juan Alberto Belloch, ministro de Justicia e Interior del último gobierno de Felipe González, suprimió las redenciones de pena por trabajo o estudios, y la reforma del 2003 de su homólogo del PP, José María Michavila, endureció las penas, lo que ha prolongado la permanencia en prisión de los condenados hasta convertirnos también en los primeros del ranking en este apartado.

Masificación

“Las cárceles están saturadas porque se han tipificado como delitos muchas conductas que antes no estaban en el Código Penal, se han reducido los beneficios penitenciarios y se recurre cada vez más a la pena de cárcel –sostiene Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona–. Con el Código Penal de 1995 había más posibilidades de evitar la prisión en condenas cortas y, además, existía el arresto de fin de semana, que suprimió el PP con la reforma de 2003”. “Nuestro país tiene un sistema muy rígido y antiguo de penas que lleva a elevadas condenas, y eso llena las cárceles –añade Díez Ripollés–. Falta voluntad política para cambiar esa tendencia y desarrollar otras medidas alternativas a la prisión. Hemos caído en la tentación de querer aparentar que somos duros ante el crimen y no queremos reducir el uso excesivo del castigo de cárcel”.

Conviene detenerse en los detalles para comprender mejor por qué España se ha convertido en una cárcel durante los últimos años. Por ejemplo, uno de cada cuatro presos es preventivo, es decir, aún no ha sido juzgado, pese a lo cual se le ha aplicado una medida tan extrema como la privación de libertad. Una circunstancia en la que tiene mucho que ver el creciente porcentaje de presos extranjeros, que alcanza ya el 35% de la población reclusa, justo el doble que hace diez años, a quienes los magistrados suelen mandar a prisión para garantizar que no van a eludir la acción de la justicia por la falta de arraigo que tienen en nuestro país en la mayoría de los casos. De hecho, la mitad de presos extranjeros son preventivos y ya superan a los españoles. “A pesar de la notable inmigración que hemos tenido en los últimos años, el incremento de presos extranjeros está por debajo o igual que en otros países europeos –puntualiza Díez Ripollés–. La criminalidad de extranjeros no es un problema preocupante, al margen de que haya bandas violentas”.

Casi la mitad de los delitos que se cometen en nuestro país son contra el patrimonio (robos, hurtos), seguidos de los delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), que representan el 27%. Delitos menores pero con una gran percepción pública y responsables últimos de la inseguridad ciudadana, la protesta ciudadana y, en última instancia, el endurecimiento de las penas por parte de los políticos para no defraudar a sus votantes. “Tenemos una política criminal muy inducida por los medios de comunicación social y la opinión pública. Se legisla sin acudir a las estadísticas (existen varios instrumentos internacionales multilaterales en materia de estadísticas económicas: el Protocolo de enmienda a la Convención internacional sobre estadísticas económicas, firmada en Ginebra el 14 de diciembre de 1928, y París, 9 de diciembre de 1948 y la Convención internacional sobre estadísticas económicas, firmando en Ginebra, 14 de diciembre de 1928 y enmendada por el Protocolo firmado en París el 9 de diciembre de 1948, Paris, 9 de diciembre 1948; la Convención se adoptó en esa fecha, y el Protocolo en Ginebra, Suiza, el 14 de diciembre de 1928) ni a los análisis sociológicos, se hace en función de intereses electorales y de una política claramente populista”, dice Díez Ripollés, para quien “los delitos patrimoniales, que en otros países se resuelven con penas diferentes a la de prisión, o menos largas, aquí se castigan con mucha dureza”. Una idea en la que coincide el también catedrático de Derecho Penal y abogado penalista Luis Rodríguez Ramos, para quien “la presión social y mediática ha conseguido que no se concedan beneficios penitenciarios”.

Y a tales delitos corresponden estas condenas: el 37% de ellas oscilan entre los 6 meses y los 3 años de reclusión; el 39%, entre los 3 y los 8 años; el 18%, entre 8 y 15 años; un 4%, entre 15 y 20, y tan sólo el 2% restante arrastra las condenas más duras, de entre 20 y 30 años, el máximo establecido en la ley.

Penas alternativas

Pues bien, pese a que casi cuatro de cada diez condenas no llega a los tres años, las medidas alternativas a la prisión son aún muy escasas, como demuestra que durante el tercer trimestre de este año tan sólo 3.085 presos estén pagando su delito con penas de trabajo en beneficio de la comunidad, o que a esa misma fecha sólo 110 cumplan sus condenas en prisión atenuada bajo control telemático. Porcentajes insignificantes si los comparamos con otros países, como Francia y Reino Unido, donde hay más internos en régimen abierto que cerrado.

“No hemos desarrollado penas alternativas, como la de días de multa, porque los jueces no se las han tomado en serio por falta de tiempo o de medios, y las penas de trabajos en beneficio de la comunidad o las privativas de derecho (inhabilitaciones) están infrautilizadas”, dice José Luis Díez Ripollés. “Tendríamos que plantearnos si sería conveniente descriminalizar algunas conductas y dar más importancia al tratamiento, a la reinserción de los presos, que se ha convertido en un lujo por la masificación de nuestras cárceles”, añade Luis Rodríguez Ramos que, a cambio, es partidario de endurecer el castigo para los delitos muy graves “con cadena perpetua, revisable en el caso de que haya arrepentimiento”.

Además de las opiniones, conviene recurrir de nuevo a las cifras para poner de relieve la demoledora situación de nuestras prisiones. ¿Sabe el lector, por ejemplo, que de los 66.448 presos un 91,7% son hombres y el 8,3%, mujeres? Un porcentaje que en el caso de extranjeras se eleva hasta el 9,36%. “El alto número de mujeres en las cárceles españolas está relacionado con el incremento del tráfico de drogas, un tipo de delito en el que las mujeres son utilizadas como correos. De hecho, la mayoría de la droga que llega desde Colombia la traen mujeres”, explica Luis Rodríguez Ramos. Por nacionalidades, uno de cada cinco presos es marroquí. A considerable distancia le siguen los nacionales de Colombia, que representan el 7,7%.

Si clasificamos a la población reclusa española por edad, la mayoría se sitúa entre 31 y 40 años (37%), seguidos de los comprendidos entre los 41 y los 60, que representan el 25%. El menor porcentaje, el 13%, se da entre los más jóvenes, con edades entre 18 y 20 años, que representan tan sólo el 1,22% de los reclusos españoles. El único dato positivo es el del número de funcionarios, que suman ya 23.390. Es decir, uno por cada tres internos.

Ahora queda por ver el efecto que van a tener en un futuro próximo conductas que hasta ahora no eran delito, como las derivadas del tráfico. Las primeras condenas no han llevado a nadie a prisión, pero la reincidencia hará que los conductores que más excesos cometen al volante terminen engrosando la saturada estadística de nuestras prisiones.

Presos: Antecedentes Histórico-Legislativos

Está disponible toda la legislación promulgada en España, en su texto original, en la recopilación legislativa histórica de la plataforma sobre leyes españolas.

Penas y Penados en la Legislación Histórica de España

Para una aproximación histórica, y en relación con Orden Público y Sistema Penal en la legislación histórica, véase también las entradas publicadas sobre Penas y Penados en esta enciclopedia jurídica española.

Contexto histórico de Presos

Véase información, asimismo, sobre la evolución de la legislación y las iniciativas regulatorias que han afectado a Presos a lo largo de la historia española.
Presos

Recursos

Bibliografía

• Presos en el Diccionario de Legislación Histórica, de Salvador Trinxet Llorca
• Ley hipotecaria, comentada y explicada, concordada con las leyes y códigos extranjeros, comparada con las disposiciones de la legislación española, que han servido de precedente para redactarla… precedida de una introducción histórica y de la exposición de sus motivos y fundamentos; y seguida del reglamento para su ejecución, etc. (y de un Diccionario completo de la nueva legislación, etc.) (1861), de Jose_ María Pantoja y Antonio M. Lloret
• Presos en el Manual de Historia del Derecho Español, de Francisco Tomás y Valiente (Editorial Tecnos; 2012)
• Ensayo histórico crítico sobre la legislación de Navarra, de Jose María de Zuaznavar

Véase También

• Jurisdicción
• Orden Público
• Sistema Penal
• Penas
• Penados