Cargos Públicos

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Examen de idoneidad parlamentaria de cargos institucionales

Desde la óptica del Derecho parlamentario se trata de una actividad ejercida por las Cámaras, como órganos controladores representantes de la soberanía nacional, con el fin de verificar la idoneidad y adecuación de los candidatos a ocupar cargos de relevancia pública.

Hace unos días el Sr. Rajoy, Vicepresidente del Gobierno, ha mantenido una reunión con la Presidenta del Congreso de los Diputados con el propósito de introducir la práctica parlamentaria de celebrar un examen previo sobre las personas propuestas para ciertos cargos institucionales: magistrados del Tribunal Constitucional, vocales del Consejo del Poder Judicial y de la Junta Electoral Central, consejeros del Tribunal de Cuentas y de RTVE, y en fin, del Defensor del Pueblo.

Vaya por delante nuestra opinión de que se trata de una idea muy interesante aunque en absoluto original, ya que es una técnica que se viene desarrollando con resultados muy positivos en Estados Unidos desde hace más de un siglo.

Desde la óptica del Derecho parlamentario se trata de una actividad ejercida por las Cámaras, como órganos controladores representantes de la soberanía nacional, con el fin de verificar la idoneidad y adecuación de los candidatos a ocupar cargos de relevancia pública. Este acto de fiscalización se efectuaría en sede de la Comisión competente por razón de la materia y podría sustanciarse en las fases siguientes:

  • Presentación del candidato o candidatos con su relación de méritos profesionales a los miembros de la Comisión y examen subsiguiente de su idoneidad legal tomando como referencia los parámetros exigibles para acceder al cargo y sus incompatibilidades.
  • A continuación, se examinaría la idoneidad política del candidato.
  • Si los puntos anteriores o alguno de ellos provocara objeciones en miembros de la Comisión se abriría el correspondiente debate con audiencia e intervención del interesado.
  • Finalmente, se procedería a la correspondiente votación secreta por papeletas.

Ahora bien, con todo, la propuesta del examen previo de aptitud para ocupar determinados cargos relevantes, resulta insuficiente al menos en los términos en los que ha sido planteado, pues debería también extenderse -y sobre todo- a los propuestos para cargos cuya designación dependa exclusivamente del Gobierno, pues aquí el control parlamentario sería mucho más intenso y eficaz de cara a la defensa objetiva del interés público.

Nos estamos refiriendo a los vocales que componen los llamados «organismos reguladores sectoriales», que pasan por ser «administraciones independientes», como son: la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Energía o la Comisión del Mercado de Valores.

Hay que resaltar que en las normas que se refieren a estos organismos reguladores, el legislador ha recurrido a conceptos jurídicos indeterminados para describir el perfil profesional de los miembros que han de integrar el Consejo, así, suelen emplear la expresión: «…serán nominados por el Gobierno, mediante Real Decreto adoptado a propuesta del Ministro… entre personas de reconocida competencia profesional relacionada con el sector…».

Cierto es que tanto en el caso de la Comisión Nacional de Energía (Vid. Disp. Adic. Undécima de la Ley 34/98, del Sector de Hidrocarburos) como de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (artículo 3 de la Ley 12/97, de Liberalización de las Telecomunicaciones) se prevé la previa comparecencia del Ministro correspondiente ante la Comisión competente del Congreso de los Diputados, para informar sobre las personas a las que pretende proponer, pero esto resulta insuficiente y hay que dar un paso más, a saber, que sean los propios candidatos quienes comparezcan ante la Cámara y se sometan al control de idoneidad, porque sólo así podrá ejercerse la eficaz fiscalización que se persigue con estas técnicas parlamentarias determinantes de la idoneidad de esas personas. La vinculación al Parlamento de esos cargos, objetivizará su función haciéndola más transparente de cara al cumplimiento de los fines institucionales que se les encomienda.

Autor: José Fernando Merino, injef

Cargos Públicos y Fianzas: Antecedentes Histórico-Legislativos

Está disponible toda la legislación promulgada en España, en su texto original, en la recopilación legislativa histórica de la plataforma sobre leyes españolas.

Justicias y Oficiales en la Legislación Histórica de España

Para una aproximación histórica, y en relación con Instituciones de Gobierno en la legislación histórica, véase también las entradas publicadas sobre Justicias y Oficiales en esta enciclopedia jurídica española.

Contexto histórico de Cargos Públicos Fianzas

Véase información, asimismo, sobre la evolución de la legislación y las iniciativas regulatorias que han afectado a Cargos Públicos Fianzas a lo largo de la historia española.

Recursos

Bibliografía

  • Cargos Públicos y Fianzas en el Diccionario de Legislación Histórica, de Salvador Trinxet Llorca
  • Ley hipotecaria, comentada y explicada, concordada con las leyes y códigos extranjeros, comparada con las disposiciones de la legislación española, que han servido de precedente para redactarla… precedida de una introducción histórica y de la exposición de sus motivos y fundamentos; y seguida del reglamento para su ejecución, etc. (y de un Diccionario completo de la nueva legislación, etc.) (1861), de Jose_ María Pantoja y Antonio M. Lloret
  • Cargos Públicos y Fianzas en el Manual de Historia del Derecho Español, de Francisco Tomás y Valiente (Editorial Tecnos; 2012)
  • Ensayo histórico crítico sobre la legislación de Navarra, de Jose María de Zuaznavar

 

Véase También

  • Gobernación
  • Reinos
  • Provincias
  • Instituciones Gubernamentales
  • Justicias
  • Oficiales Gubernamentales

Véase También

  • Ideas religiosas
  • Infracciones del empresario
  • Condición social
  • Estado civil
  • Huelga
  • Intimidad
  • Lengua
  • Colaboración
  • Reunión
  • Raza
  • Pago del salario
  • Retraso en el pago del salario Vacaciones anuales
  • Cierre legal de la empresa
  • Cese de actividad
  • Libertad sindical

Véase También

  • Cargos sindicales
  • Estatuto de los Trabajadores
  • Año nuevo
  • Cumplimiento de deber público
  • Deber inexcusable de carácter público
  • Desplazamientos
  • Enfermedad de parientes
  • Excedencia
  • Excedencia forzosa
  • Fiesta del trabajo
  • Federaciones sindicales
  • Fallecimiento
  • Fiestas laborales
  • Fiesta nacional de España
  • Lactancia
  • Locales
  • Matrimonio
  • Muerte
  • Nacimiento de hijo
  • Sufragio
  • Trabajadores
  • Trabajo
  • Empresa

Véase También

  • Invalidez
  • Duración
  • Trabajo
  • Menores
  • Puesto de trabajo
  • Parto
  • Sindicatos
  • Plazos
  • Maternidad
  • Suspensión
  • Reserva
  • Cargos sindicales
  • Gran invalidez
  • Padres
  • Incapacidad temporal
  • Excedencia
  • Fallecimiento
  • Muerte
  • Prestación social sustitutoria
  • Privación de libertad
  • Servicio militar
  • Gran invalidez

Véase También

  • Hijos
  • Reingreso del trabajador
  • Trabajadores
  • Trabajo
  • Empresa
  • Empresario
  • Puesto de trabajo
  • Formación profesional
  • Sindicatos
  • Plazos
  • Responsabilidad
  • Maternidad
  • Estatuto de los Trabajadores
  • AntigUedad en la empresa
  • Categoría profesional
  • Reserva
  • Grupo profesional
  • Vigencia
  • Cargos sindicales
  • Excedencia voluntaria
  • Padres
  • Excedencia
  • Excedencia forzosa

Véase También

  • Disciplina
  • Fuerza mayor
  • Mutuo acuerdo
  • Prestación social sustitutoria
  • Privación de libertad
  • Servicio militar
  • Sueldo
  • Trabajadores
  • Trabajo
  • Empresa
  • Menores
  • Salario
  • Empleo
  • Estatuto de los Trabajadores
  • Acuerdos
  • Pactos
  • Maternidad
  • Suspensión
  • Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción
  • Cierre legal de la empresa
  • Huelga
  • Incapacidad temporal
  • Excedencia

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