La lista del Artículo 19.4 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal puede ser indicativo de los delitos de corrupción: La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada practicará las diligencias a que se refiere el […]
Historia de Juicio Criminal El juicio que tiene por objeto la averiguación de un delito, el descubrimiento y convicción del que lo ha cometido, y la imposición de la pena merecida. Denominase criminal a crimine, palabra latina que significa crimen o delito. La ley orgánica del poder judicial […]
Blanqueo de Bienes en España Nota Introductoria El blanqueo de bienes es un sinónimo del blanqueo de capitales, lavado de capitales, blanqueo de dinero, lavado de dinero y otras expresiones utilizadas por la doctrina y los tribunales españoles y extranjeros. Pero en este caso, al introducir […]
Leyes Mercantiles en España El Código de Comercio Ideas Básicas La primera fuente del derecho mercantil es la ley mercantil. Art. 2 código comercio: los actos de comercio, sean o no comerciantes… Ley Mercantil. Usos del Comercio. Derecho Común. Ley Mercantil: se habla de ley mercantil en un […]
Historia de Libertad de Imprenta El derecho que tienen todos los Españoles, y del que no pueden ser privados, según el art. 17 de la Constitución de 1869, de emitir libremente sus ideas y opiniones valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante. Nada podía imprimirse, según las […]
Historia de Ley Una regla de conducta o acción establecida por una autoridad a la cual debemos obedecer; o bien la regla dada por el legislador, a la cual debemos acomodar nuestras acciones libres; o bien una declaración solemne del poder legislativo, que tiene por objeto el régimen interior […]
Fuentes del Derecho Constitucional en España Fuentes del Derecho Constitucional en el Derecho Constitucional español En el Diccionario Jurídico Espasa (2001), Fuentes del Derecho Constitucional es descrito de la siguiente forma: La fuente primera del Derecho Constitucional, es obviamente la […]
Sanción Administrativa en España Sanción Administrativa en Derecho Civil Sanción Administrativa podría definirse de la siguiente forma: Es aquella disposición emanada de una autoridad administrativa (Ayuntamiento, Jefatura de Tráfico, y en general, cualquier autoridad dependiente de la […]
POTESTADES Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD 1.- FUNCIONES Y POTESTADES. 1.1.- ANTECEDENTES. La tipificación del concepto de potestad constituye uno de los más importantes avances de la ciencia del Derecho y ha suministrado al sector jurídico-administrativo un valioso criterio para calificar las […]
El problema de los cacheos, identificaciones, retenciones y privaciones transitorias de la libertad para deambular, ha sido de siempre seriamente controvertido porque se enfrentan el derecho fundamental a la libertad, de un lado, y el derecho a la seguridad, a la investigación criminal y a la detención de los presuntos autores de hechos delictivos, de otro. La Jurisprudencia ha indicado que el derecho a la libertad y a la libre deambulación por el territorio español no se ven afectados por las diligencias de cacheo e identificación, pues, aunque éstas comporten inevitablemente molestias, su realización y consecuente inmovilización del ciudadano durante el tiempo imprescindible para su práctica, supone para el afectado un sometimiento legítimo a las normas de la Policía. El amparo legal en España se encuentra en el artículo 19.2 de la LO 1/1992 de 21 febrero, que autoriza su realización por la Policía Judicial en su función de averiguación y descubrimiento de los delitos. La proporcionalidad exige guardar el justo equilibrio entre lo que se quiere investigar y el perjuicio o menoscabo que puede ocasionarse a la persona. La justificación racional supone la proscripción de toda arbitrariedad en la realización de la medida, que ha de apoyarse en fundadas sospechas o en indicios racionales y suficientes que fundamenten su adopción. El cacheo no vulnera el derecho a la libertad ni el derecho a circular libremente, porque la inmovilización momentánea del ciudadano durante el tiempo imprescindible para su práctica constituye un sometimiento legítimo, desde la perspectiva constitucional, a las normas de policía si cumple las exigencias de racionalidad y proporcionalidad ya indicadas antes. No equivale el cacheo a una detención y por ello las exigencias previstas para ésta en la Ley no pueden ser extendidas a aquella diligencia. En consecuencia no procede exigir en el cacheo presencia de letrado y demás garantías inherentes a la detención. El derecho a la integridad física no está afectado por el cacheo, ya que la mínima intervención corporal que el cacheo supone, excluye toda idea de riesgo para la integridad física del interesado. En cuanto al derecho a la intimidad, queda preservado si se cumplen tres condiciones: que el cacheo se realice por alguien del mismo sexo; que según la intensidad y alcance corporal del cacheo se haga en lugar reservado; y que se eviten posturas o situaciones degradantes o humillantes.